(La República).- Así como el gobierno ha hecho con los policías fallecidos en el ‘Baguazo’. Según varios apus, la derogación de decretos no repara los daños causados por la fallida resolución de la crisis amazónica, sino que ha acentuado rebeldía.

Bagua. A días de la derogación de los decretos 1090 y 1064 por el Congreso de La República, la Amazonía no encuentra la calma. Ahora, las comunidades que participaron en el paro amazónico reclaman al Estado un reconocimiento económico para los familiares de los indígenas caídos similar al que el presidente de la República anunció para los deudos de los policías que perdieron la vida el 5 de junio pasado en Bagua. La derogación de los decretos supremos, aseguran, no es suficiente para aplacar el dolor causado a su pueblo.

La República se desplazó esta semana por diferentes comunidades awajún de las cuencas de los ríos Marañón y Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, para conocer el sentir de los indígenas tras la derogación de las leyes de la selva, y logró entrevistar  a varios apus.

Gerónimo Shacaime Cajinga, de la comunidad de  Japaime; Hiran Yanco Bermeo, de  Canampa; Benito Taan Wamputs, de Pajacusa; y Marcelo Toledo Puas, de la comunidad de Yawawa, reclaman lo mismo: pensión para los seis nativos asesinados por la policía, cuyas muertes han dejado en el desamparo a sus familiares.

Ni olvido ni perdón

 “Hemos perdido a Rommel Tenazoa Sánchez  y Jesús Carlos Tsakim, quienes salieron de aquí  para defender sus tierras ancestrales y que fueron muertos por mandato del gobierno, que los ha matado sin piedad cuando estaban inofensivos y eso no es justo. Pido a la humanidad que haga justicia en la tierra contra Alan García, y a Dios que lo haga en el cielo. Esto no se puede borrar solo con un decreto derogado. A los awajún nos ha costado seis vidas que Alan García rompa esa hoja y haga una ley nueva conjuntamente con los pueblos indígenas”, expresó indignado el apu de Japaime, Gerónimo Shacaime Cajinga.

Japaime es, sin lugar a dudas, el pueblo que se encuentra más dolido con lo acontecido el 5 de junio pasado. Es una comunidad ubicada en la cuenca del río Santa María de Nieva, adonde se llega desde Bagua luego de 16 horas de viaje por tierra y bote.

De este lugar salieron, un mes antes del choque, 32 indígenas con destino a la Curva del Diablo para defender “su selva” de manera pacífica, pero luego de ese fatídico viernes solo retornaron 30 de ellos.

“Si Alan quiere que lo perdone, que reconozca  una indemnización para las familias de los indígenas muertos por los policías. Que se les reconozca igual que a los policías, luego podemos pensar en perdonarlo”, sentencia el apu de la comunidad de Japaime.

 A pesar de no contar con bajas entre los que salieron en defensa de sus tierras, en la comunidad de Canampa el sentir es similar.

Así lo hace saber el apu de Canampa, Hiran Yanco Bermeo, quien  reclama que así como el presidente anunció la indemnización a los policías por morir realizando su labor y defendiendo el orden, ellos exigen que de igual manera se pague por la muerte de sus hermanos que cayeron defendiendo su territorio.

“Aquí no hay diferencias. Somos humanos como ellos y el gobierno debe reconocer a las viudas que se han quedado con sus hijos huérfanos y que no tienen ningún ingreso”, advirtió.

En rebeldía

Canampa, comunidad a la que se llega desde Bagua  luego de viajar 10 horas por auto y  surcar durante cinco horas el río Marañón, no perdona la actitud que, afirma, el gobierno ha tomado en contra de su pueblo y hasta se atreven en su rebeldía a desconocer a Alan García como su presidente.

“Alan García ha ordenado una matanza  y cree que derogando las leyes se va a ir tranquilo? Él ha atacado al pueblo awajún que ha salido a defender lo que considera suyo. Nos ha atacado por aire y tierra cuando nosotros solo teníamos lanzas, y eso es  cobardía. Los awajún no reconocemos a ese señor como nuestro presidente. Él se quedará contento con su derogatoria, pero nosotros no estamos contentos, no estamos bien. Estamos aislados, soportando la indiferencia de un gobierno que nunca se preocupó por nosotros, y que para ser tomados en cuenta nos obliga a salir de nuestras comunidades y viajar durante días para  tomar alguna carretera importante que llame su atención”, expresa indignado el apu Hiran  Yanco, de Canampa.

Días de sobrevivencia

Y Yanco tiene razón, las comunidades de la Amazonía se encuentran olvidadas por el Estado. En sus comunidades no existen postas médicas ni escuelas.  Los indígenas sobreviven con sus cultivos que principalmente son el plátano y la yuca, los que constituyen el 80% de su dieta alimenticia.

Consumir carne es un lujo para los awajún dado que la caza es cada día más difícil por la extinción de los animales del monte. La pesca tampoco es la solución. El principal pez que habita en sus ríos es la carachama, que en el mejor de los casos alcanza los  6 cm de largo.

Comprar carnes está fuera de su alcance, pues el poder adquisitivo de los nativos de estas comunidades es paupérrima. Por un racimo de plátano de más de 100 unidades los comerciantes pagan entre 3 y 5 soles, dependiendo de la calidad; sin embargo, un kilo de pollo les es vendido a 15 soles.

La sobrevaloración de precios de los productos foráneos es habitual en las cinco cuencas del Amazonas, que en el mejor de los casos se elevan al doble de su valor real.

Derogación no los calma

La anulación de los decretos supremos no ha cambiado mucho el resentimiento de los nativos ante el gobierno. Benito Taan Wamputs, apu de la comunidad de  Pajacusa, en la cuenca del marañón, responsabiliza también a Alan García.
“No lo reconocemos como presidente del Perú porque no nos representa. Su gobierno nunca nos ha apoyado. Nosotros vivimos de nuestro trabajo y sacrificio”, manifiesta.

Referente al tema de las indemnizaciones, Taan  es claro: “No vamos a permitir que se reconozca solo a los policías  muertos, que a ellos se les dé miles de soles y que a la familia de los nuestros los dejen desamparados. Nuestros indígenas deben ser reconocidos tanto como los policías”.

A pesar de  contar  con  poca información sobre los desaparecidos, la  identidad  y su procedencia, lo que también reclaman los apus al gobierno es que les sean entregados los cuerpos de  sus hermanos de raza que, consideran, han sido muertos por las fuerzas del orden.  Asimismo, reclaman por sus compañeros detenidos.

Datos

Detenidos. Los detenidos a los que el apu de Canampa, Hiram Yanco Bermeo, se refiere son: Jamer Tetsa  Tsenguan (16) y Dekentai Reátegui Sixto (23), ambos proceden de una comunidad localizada en la cuenca de Santa María de Nieva.

Cargos. Ellos han sido acusados de asesinar y arrebatar las armas de los policías muertos en la Curva del Diablo y en la Estación 6, en los incidentes iniciados el viernes 5 de junio.

“La selva nos da la vida”

“Nuestro pueblo está conforme con la derogación  de los decretos, pero no podemos estar totalmente contentos porque nos agobia la preocupación por recuperar la libertad de nuestros hermanos detenidos y los cuerpos de hermanos desaparecidos, así sea hueso por hueso”, declaró el apu de la comunidad de Canampa, Hiran Yanco Bermeo.

“El 5 de junio fuimos con nuestras lanzas porque es nuestro símbolo awajún  y por ellas nos han tildado de terroristas. Este hecho demuestra  el desconocimiento del presidente sobre nuestra cultura”, prosiguió.

“La selva es el corazón de nuestras vidas –agregó–, y sin ella sufriremos. La selva nos da la lluvia que crea la vida, nos da el palmiche con el que hacemos nuestras casas, nos abastece, y por eso nosotros la cuidamos como ella nos cuida”.