Un reciente informe de la mencionada organización ha denunciado “un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones” que el Gobierno realiza pues se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la Policía.

(Perú21).- Una misión de Amnistía Internacional (AI) que investiga en Perú los hechos de violencia ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, denunció que las pesquisas oficiales se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la Policía.

Susan Lee, directora del programa regional para las Américas de AI, exhortó al Gobierno a emprender una investigación independiente y exhaustiva de los sucesos para aliviar el clima de tensión que aún subsiste en la amazonía. “Se ve que hay un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones”, sostuvo.

Si bien Lee señala que sus indagaciones, iniciadas el 12 de julio, coinciden con la cifra de muertos que el Gobierno maneja así como que el único desaparecido sigue siendo el Mayor PNP Felipe Bazán, informó sobre la existencia de testimonios sobre “violaciones a los derechos humanos preocupantes” y un “excesivo uso de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes”.

“Llama la atención que mientras hay investigaciones abiertas y procesos encausados contra personas acusadas de la muerte de policías, no hay hasta ahora detenidos o implicados en cuanto a los abusos cometidos que derivaron en las muertes de los manifestantes de las comunidades indígenas o pobladores de Bagua”, dijo la activista en una entrevista con la agencia AP.

PETICIÓN. Para Lee, en Bagua aún persiste un clima de “mucha tensión, zozobra e incertidumbre”. Por ello, afirmó que el Gobierno debe promover una investigación profunda de los hechos, suspender todas las concesiones petroleras o gasíferas en la selva a la que se oponen los nativos, garantizar las reparaciones para todas las víctimas y ofrecer ayuda a los heridos que, según la Defensoría del Pueblo, fueron 200 personas, de las cuales más de 80 sufrieron heridas de bala.

“Es patente que hay un nivel de desconfianza de la población en cuanto a si estas investigaciones realmente logren establecer los hechos y determinar responsabilidades”, además, dijo, la presencia de militares en zonas urbanas de la región, pese a que ya fue suspendido el estado de emergencia, solo contribuye al nerviosismo de los indígenas.