(CNR).- El gobierno mantiene actitudes que alimentan la desconfianza en la población sobre la buena voluntad que dice tener para esclarecer los sucesos del 5 de junio en Bagua (Amazonas), afirmó la directora del Programa Regional para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Susan Lee.

Lee, junto a las investigadora  Nuria García conforman una misión de AI que esta semana visitó la ciudad de Bagua y la periferia, para determinar que sucedió el pasado 5 de junio en el sector conocido como Curva del Diablo.

En declaraciones a CNR, la comisionada precisó que entre los factores que alimentan la desconfianza se hallan la presencia de las Fuerzas Armadas en Santa María de Nievas, capital de la provincia de Condorcanqui (Amazonas),  pese a que el Estado de Emergencia ya ha sido levantado por el Ejecutivoo. “Hay presencia militar en edificios, en todo el casco urbano todavía”, remarcó.

Informó que luego de consultar a los altos mandos militares, ellos reconocieron que “no tienen que estar allí” pero que no responden quién dio la orden para su permanencia. “No nos dieron respuestas claras al respecto”, enfatizó.

Así mismo, aseguró que un segundo factor de gran inquietud entre los indígenas es que luego de la derogatoria de los Decretos Legislativos N° 1090 y 1064, aún se mantienen las concesiones de explotación de recursos amazónicos. Dichas concesiones fueron rechazadas por los indígenas porque se superponían a sus tierras.

“Las concesiones existen, se están activando; y si por una parte los pueblos escuchan al gobierno decir por un lado que ahora sí vamos a conversar; pero mientras tanto, las concesiones están en marcha, están en operación y no hubo ninguna consulta sobre el impacto de estas sobre las comunidades”, comentó Lee.

Otro de los factores que contribuye al descontento de la población es el desarrollo de las investigaciones sobre los hechos del 5 de junio, pues se evidencia un exceso de cargos penales en contra de los líderes indígenas. “Hasta el momento no se ha  podido recabar información sobre la investigación de los civiles en Bagua”.

AI observa, además, que las pesquisas se concentran en indagar sobre la muerte de los policías, situación que enfatizó Lee, “deben de investigarse para llevar a los responsables ante a la justicia".

Empero, la representante de Amnistía Internacional refirió que los familiares de los policías muertos, tampoco perciben que haya un avance significativo en las investigaciones ni que se hayan establecido los hechos tal como sucedieron aquel 5 de junio.

“Hubo maltratos por parte de las fuerzas del orden”

Respecto a su visita a la zona de conflicto, Lee manifestó que hubo muchos casos de violaciones de derechos humanos durante los días más álgidos del conflicto. Corroboró que los maltratos se extendieron hasta las personas que físicamente no podían defenderse. “Hubo maltratos físicos a manifestantes y a los detenidos (...) personas heridas fueron sacadas de las ambulancias y maltratadas físicamente”.

Así mismo, indicó que “las personas que se refugiaron en la zona de El  Reposo fueron sacados y maltratados públicamente, incluyendo a los dueños de las casas que dieron cobijo (a los nativos)”.

En cuanto  a los indígenas desaparecidos, dijo que de comprobarse “sería una situación muy grave”. Sin embargo, reconoció que esclarecer este asunto es muy difícil porque no es posible acceder a la zona. Admitió, en se contexto, que su organización no ha visitado todas las comunidades que participaron de las movilizaciones- que sobrepasan la centena- pues son muy apartadas.

Refirió que hasta el momento no han podido constatar que haya personas desaparecidas con la excepción del mayor PNP Felipe Bazán Soles. “Lo que sí hay son nombres de personas que se deben verificar, aunque no hay indicios que determinen que están desaparecidas”, explicó.

Por lo anterior, Susan Lee aseveró que AI no hablará de gente desaparecida sin una exhaustiva verificación. De momento, su organización maneja solo cuatro nombres de personas, pero que no han sido dadas por sus familiares directos.

Finalmente, lamentó que se haya utilizado políticamente el informe que elaboró la Defensoría del Pueblos referente a los desaparecidos. “El informe fue mal leído porque no dice que no hubieran desaparecidos. Lo que dice es que no habían podido corroborar desapariciones en las comunidades que visitaron”, puntualizó.