(ANDINA).- Ante el Tribunal Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres Rurales se denunció que un docente acusado de haber violado en el 2003 a niñas de la comunidad de Huampaní, en la provincia de Condorcanqui, se encuentra libre y laborando en otro centro educativo del mismo departamento.

Beatriz Ramírez Huaroto, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, señaló que se trata de Carlos Alberto Yagkikat, quien está procesado por cuatro delitos contra la libertad sexual en Condorcanqui, pero labora como profesor en el colegio Chorros–Pamtan, del distrito de Imaza, en la provincia de Bagua.

Según la denuncia, durante el 2003 este maestro y otros dos, identificados como Isaías Kañap Espejo y el director Olin Berneo Juan, del Centro Educativo N° 16342 de la comunidad de Huampaní, abusaron de unas 20 alumnas.

De las 20 escolares afectadas, sin embargo, sólo siete denunciaron sus casos antes el Ministerio Público de la provincia de Condorcanqui.

“El relato de las niñas indica que los hechos empezaron con actos de hostigamiento sexual y luego se consumaron en delitos de actos contra el pudor y la violación sexual. Los agresores, aprovechando su jerarquía inherente a su condición de docentes, amenazaron a las niñas para que no revelaran nada a sus progenitores”, dijo la abogada.

Durante su exposición en el Tribunal Nacional, desarrollado en la Derrama Magisterial, la madre de una de las agraviadas, Rebeca Arrobo, dijo que una vez enterados del hecho presentaron los casos ante el Apu de la comunidad de Huampaní.

En esa instancia de justicia comunitaria, los agresores aceptaron su responsabilidad y solicitaron que se les aplique el reglamento interno de la comunidad.

“Esta petición no fue acogida porque el reglamento de la comunidad no tenía normas específicas para delitos cometidos por docentes y además porque los progenitores consideraban que la denuncia debería hacerse ante la justicia nacional”, refirió Ramírez.

Al dar su testimonio, la señora Arrobo indicó que el caso de su hija es más penoso debido a que Carlos Alberto Yagkikat es su primo hermano.

Enterada de los hechos, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) procedió a expulsar a los tres docentes, sin embargo la sanción no tuvo mayor eco porque el proceso penal contra los acusados sigue en curso y no se ha concretado su captura, pese a que existe mandato de detención, sostuvo.

Además se hizo caso omiso a la Ley N° 27911 y su reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 005-2003-ED). Ambas normas establecen que el personal docente implicado en denuncias por delitos contra libertad sexual debe ser separado de sus funciones y asignado a trabajos administrativos compatibles con su cargo en tanto dure el proceso penal respectivo.

Es decir, por ningún motivo se le desplazará a otro centro educativo ni tampoco a oficina administrativa del sector.

“Hoy no se aplica esta ley porque Carlos Alberto Yagkikat ahora labora en otro colegio con total impunidad y sabemos que los otros dos docentes también se han presentando a concursos de plazas”, subrayó.

En los relatos recogidos entre los padres de las niñas agraviadas destaca que uno de los procesados es hijo del alcalde de Huampaní. Por ello se sospecha que la asesoría legal con la que cuentan los agresores es pagada con recursos de la municipalidad.

La defensa legal mencionó que una de las siete niñas afectadas es hija del juez de paz de la comunidad que también es profesor del colegio.

Asimismo una de las menores agraviadas murió debido a que por los traumas psicológicos de los que fue víctima, sus padres decidieron mandarla a vivir al norte, “donde la niña no se acostumbró al tipo de comida, clima, presión familiar y lamentablemente de un momento a otro falleció”.

“Lo peor de todo es que a esta familia donde la niña agraviada ya murió la siguen notificando para que dé su manifestación, con eso nos damos cuenta del abandono del Estado del que son víctimas los habitantes de la Amazonía”, enfatizó.

Las investigaciones realizadas indican que el contexto geográfico, las dificultades para el traslado de las agraviadas, la condición de pobreza y la falta de asesoría legal para la defensa de sus derechos son factores que han contribuido a la impunidad de los delitos cometidos.

A ello se suma que varias familias de las niñas violentadas han recibido dinero a cambio para no denunciar estos terribles hechos.

La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 139 el derecho a las ciudadanas y ciudadanos peruanos a la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y en los casos que la ley señala.

“Sin embargo en este caso las familias agraviadas hasta ahora el Estado no les ha designado el abogado de oficio que le corresponde para que las defienda”, culminó.

La comunidad de Huampaní se encuentra a 12 horas de San María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, allí se ubican los órganos más cercanos de administración de justicia nacional.