DEFENSORÍA EXHORTA AL CONGRESO A DEROGAR DECRETOS AMAZÓNICOS Y RESPETAR DERECHOS DE POBLADORES [14. may. 2009 - 16:05]

(CNR).- A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del gobierno y a las organizaciones indígenas que acatan un paro hace 35 días exigiendo la derogatoria de nueve decretos legislativos, a reiniciar el diálogo.

Para la Defensoría, los polémicos decretos legislativos deben ser sometidos a un análisis profundo. Por ello solicitó al Congreso atender el informe de la comisión multipartidaria que recomienda derogar los referidos decretos.

Asimismo, el organismo presentó ante el Parlamento un informe sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para contribuir con el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe sustenta que el derecho a la consulta está garantizado ante el riesgo de que se adopte medidas que pueda afectar a los pueblos indígenas, y que es un derecho vigente en el Perú hace quince años.

Derechos amparados

 

"El Estado tiene una obligación internacional que no ha cumplido satisfactoriamente, por lo que requiere emitir una ley marco que regule el ejercicio del mencionado derecho", precisa el informe, y añade que "el Congreso debe evaluar en cada caso para determinar si las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades delegadas afecta o no este derecho".

Tras recordar que la Constitución ampara los derechos de reunión y de protesta porque permiten poner en evidencia situaciones de injusticia, el pronunciamiento defensorial condena el bloqueo de las vías de comunicación, la toma de instalaciones o el causar daños a la propiedad pública o privada.

Respecto a los hechos ocurridos la semana pasada en la localidad de Corral Quemado, en Bagua, donde hubo un violento enfrentamiento entre la policía y los nativos, la Defensoría invocó a la calma e informó que su personal en Amazonas hace un seguimiento para velar por los derechos de los detenidos y los heridos.

Todas estas consideraciones quedaron sentadas a través de una carta que la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, remitió al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, en la que invoca al Parlamento a otorgarle atención urgente al tema.

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