(Perú 21).- El premier responsabiliza al dirigente de los nativos Alberto Pizango de un eventual estallido de violencia, mientras que la ministra de Justicia, Rosario Fernández advirtió que si los indígenas insisten en la “insurgencia” estarían cometiendo el delito de sedición.

El Gobierno adoptará las medidas que correspondan ante el anuncio de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep) de declarar la “insurgencia” de las comunidades nativas del país, sostuvo hoy el jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon.

El presidente de Adeisep, Alberto Pizango, afirmó esta mañana que tomaron esta medida ante la poca voluntad del Ejecutivo para derogar un conjunto de decretos legislativos que consideran perjudiciales contra sus intereses. Añadió que, desde ahora, los indígenas desconocen la autoridad del Gobierno.

“Eso no le hace daño al Gobierno ni al país, porque la Constitución prevé estos casos y hay que tomar las medidas que corresponden para poner orden”, afirmó Simon desde la ciudad de Tocache, en San Martín, tras afirmar que Pizango está buscando un “derramamiento de sangre” y “está poniendo en la guillotina a cientos de miles de nativos que quieren paz y que han sido engañados”.

Simon sostuvo que el grupo de representantes nativos, liderado por Pizango, “no quiere dialogar” y consideró que dicho dirigente está “atrapado por gente que no le interesa los nativos”. “Se le ha dicho hasta la saciedad que los decretos se pueden corregir, en lo que les pueda afectar a ellos. Le hemos pedido que nos digan qué los afecta para poder corregirlos, en la medida que a ellos les afecta en otras parte no les afecta”, indicó

El jefe del gabinete agregó que si ocurren hechos de violencia los responsables no serán las fuerzas del orden, el Gobierno o los nativos, sino Pizango y los que están detrás de la huelga nativa que ya tiene más de un mes.

A su turno, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen causales constitucionales para que los nativos liderados por Alberto Pizango recurran al derecho a la insurgencia. De insistir con la medida, estarían incurriendo en el delito de sedición y podrían ser sancionados con penas de cinco a 10 años de prisión.

“El artículo 46 de la Constitución es claro: la sedición o el derecho a la insurgencia, que al parecer han invocado estas personas, es impertinente porque no se cumplen ninguno de los dos supuestos que la ley señala: no hay un Gobierno usurpador ni nadie está asumiendo funciones públicas en contra de la Constitución”, señaló desde Santiago de Chile a RPP.

En el mismo sentido se pronunció la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien hizo un llamado a las poblaciones amazónicas para que mantengan la tranquilidad, y subrayó que no existen razones apelar a una “insurgencia”, por cuanto no estamos frente a un Gobierno que ha violado la Constitución ni es usurpador.

Asimismo, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) hizo un llamado a las comunidades nativas de la selva a rechazar la convocatoria a una insurgencia hecha por Adeisep. El presidente de la CONAP, Oscar Oseas Barbarán, dijo que se trata de una actitud violentista que no representa el espíritu nativo, y no descartó que detrás de ello estén grupos extremistas que pretenden sembrar el caos en la región.

GRAVES PERJUICIOS. De otro lado, en la región San Martín ya siente el desabastecimiento debido a los bloqueos de vías terrestres y fluviales por parte de los nativos en huelga. En Loreto escasean los alimentos, los precios se disparan, y ha interrumpido la distribución de petróleo y gas.

Debido a esta situación, San Martín perdió unos 180 millones de soles desde que empezó el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, estimó hoy el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la región, Walter Arévalo Alvarado, quien calculó en 20 millones de soles las pérdidas diarias desde el 6 de mayo, cuando los manifestantes empezaron a bloquear la vía.

Estimó que mercaderías valorizadas en 75 millones de soles “están varadas” en la carretera Fernando Belaunde a causa del bloqueo. En ese sentido, exhortó al Gobierno a utilizar “la fuerza pública” para despejar la vía y restablecer el orden público, dada la “intransigencia” demostrada por los nativos, informó la agencia Andina.

En tanto, Yurimaguas se encuentra incomunicada con el resto del país, debido a la medida de fuerza de las comunidades amazónicas, mientras que en Bagua las autoridades policiales se replegaron con el fin de mantenerse a buen recaudo ante la amenaza de desbordes de violencia.