(El Comercio).- Renovación, Acción Popular y Unión por el Perú condenaron acciones violentas acontecidas en Bagua, Amazonas.

Dirigentes de diversos partidos políticos expresaron su opinión acerca de los lamentables acontecimientos vividos en la Amazonía en los últimos días.

El presidente de Acción Popular, Javier Alva Orlandini, expresó su condena por la muerte de civiles y militares ocurrida durante los luctuosos sucesos desarrollados en las provincias de Utcubamba, Bagua y Jaén.

A través de un comunicado público firmado por el secretario general de AP, Mesías Guevara, y por el vocero de la bancada parlamentaria populista, Yonhy Lescano, Alva Orlandini propuso que el Parlamento derogue el Decreto Legislativo 1090 y demás disposiciones con el fin de “propiciar el debate sereno, alturado y técnico destinado a crear un nuevo marco normativo para la Amazonía”.

Asimismo, planteó que el Congreso y el Ministerio Público investiguen los graves actos de violencia y que se identifiquen a sus autores para que sean sancionados.

DIMISIÓN INMEDIATA

Por su parte el Comité Directivo Nacional de Unión por el Perú (UPP) exigió ayer la renuncia inmediata del Gabinete Ministerial de Yehude Simon por su responsabilidad política en las muertes de civiles y policías.

Además, solicitó la formación de una comisión investigadora multipartidaria en el Congreso para identificar a los responsables directos e indirectos de los hechos acontecidos en la región Amazonas.

Finalmente, el pronunciamiento de UPP reclama la convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso para evaluar la vigencia del Decreto Legislativo 1090.

CONDOLENCIAS Y RESPALDO

El secretario general de Renovación, Guillermo Castañeda Mungi, difundió ayer un comunicado público mediante el cual expresaba sus condolencias por las víctimas de los sucesos trágicos de Bagua y comunicaba su pleno respaldo a las acciones que el Gobierno llevaba a cabo para hacer respetar el Estado de derecho y defender la democracia.

“Condenamos a los autores intelectuales que han promovido los actos de violencia con el fin de detener el desarrollo económico y social, quienes deberán responder ante la justicia”, reza el pronunciamiento que concluye en la reafirmación del diálogo como el mejor camino para resolver los conflictos.