CIDH CONDENA PROTESTA INDÍGENA EN PERÚ Y PIDE "PROCESO DE DIÁLOGO" [ 9. jun. 2009 - 00:57]

(El Comercio).- OEA realizará mañana una sesión extraordinaria para ser informada de los sucesos violentos en Bagua.

(DPA) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó hoy “enérgicamente” las protestas indígenas que causaron la muerte de al menos 33 personas la semana pasada, entre ellas 24 policías, en el norte de Perú, y llamó a “promover un proceso de diálogo” para hallar una solución al conflicto.

La reacción del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) se produce en vísperas de que el sistema interamericano celebre, este martes, una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington para ser informado oficialmente de los sucesos registrados el pasado viernes en la localidad peruana de Bagua, según se informó este lunes.

Una huelga focalizada que comenzaron los indígenas hace 59 días en contra de medidas del gobierno degeneró el viernes en enfrentamientos en el departamento Amazonas, en los que murieron según reportes oficiales 24 policías y nueve manifestantes, aunque portavoces de los nativos aseguran que por lo menos 40 de los suyos perdieron la vida.

Frente a estas versiones divergentes, la CIDH emitió hoy en Washington un comunicado por el que “condena enérgicamente los graves hechos de violencia” y “recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias”.

Asimismo, “hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos”, agrega el organismo, que a la par recuerda la “importancia” de “adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”.

El organismo de derechos humanos de la OEA llamó a la par al gobierno peruano a tomar las “medidas necesarias” para garantizar que todos los heridos tengan acceso a servicios de salud y le recordó que debe respetar el “derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales” de los detenidos durante los incidentes, que según la CIDH se realizó “sin que se informara sobre su identidad o paradero”.

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